Recientemente, interpuse formal “Proceso Contencioso Administrativo de Puro Derecho” contra el Estado costarricense, por no cumplir éste en actualizar y pagar las diferencias adeudadas y aguinaldos proporcionales, respecto a mi pensión, del período comprendido entre el 1º de enero 2008 a diciembre del mismo año.

Presenté la solicitud de Factura de Gobierno en el 2009, o sea, han transcurrido DOS AÑOS, sin notificación alguna a mi petición.

Esto representa una violación al Principio Constitucional de Petición y Pronta Respuesta, por parte de la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por cuanto la ley estipula DOS MESES para resolver las solicitudes.

No son lujos ni caprichos, son nuestros propios derechos y dineros que hemos ganado honradamente, en mi caso, con más de 31 años laborados en la Administración Pública.

En esta situación están decenas de jubilados, esperando quién mueva la rama de la justicia y legalidad, pero nadie la mueve; excepto los mismos perjudicados amparados a la Ley existente. Así, le toca a esta población adulta, defender, pelear sus derechos con el arma de las leyes y legalidad.

Como dato interesante en números, el Estado está en deuda con más de ciento cincuenta jubilados, muchos de ellos esperando se les cancelen desde el año 1995, en el Tribunal Supremo de Elecciones, donde hemos laborado.  Posiblemente, gran cantidad de jubilados de otras instituciones, están también en penurias, esperando el resultado pronto y justo del Estado, antes de que nos llegue  alguna enfermedad o la muerte, sin poder disfrutar de nuestros derechos económicos.

Hemos recurrido a esta vía, obligados, porque la anterior vía no nos ha dado el resultado necesario. Una “factura de Gobierno” es una eternidad y lo podemos demostrar. Nuestras interrogaciones son: ¿Por qué razón o razones la anterior vía no funciona, quién falla, por qué esperar la reacción del perjudicado utilizando un Contencioso Administrativo, generando más contratiempo y gastos extras a ambas partes? ¿Por qué esperar dos años, cinco, diez años y más, sin resolver nada, a docenas de jubilados? Hacer esperar a esta población sin resultados positivos a sus intereses, es agresión y desprecio.

Creo conveniente una explicación de las autoridades correspondientes a esta situación.

(Publicado en La Nación, «Opinión», 17 marzo 2012).

(Publicado en Diario Extra, «Opinión, 18 abril 2012).

(Publicado en NUESTRO PAÍS (periódico digital), 26-03–2012)