En el “Diario Extra”, miércoles 18 abril 2012, sección Opinión, con el título “Defender nuestros derechos”, expresé mi decisión de presentar un “Proceso Contencioso Administrativo de Puro Derecho”, contra el Estado Costarricense, por no cumplir, éste, en actualizar y pagar las diferencias y aguinaldos proporcionales del año 2008, en mi caso, reclamadas por la instancia administrativa de “Factura de Gobierno”.

Es bueno aclarar, que a decenas de compañeros en el Tribunal Supremo de Elecciones y Registro Civil, también se les adeudan dineros por el mismo caso u otros.

Tomé ese camino, obligado, por transcurrir más de tres años sin respuesta, reclamo que pasó durmiendo placenteramente en archivos y gavetas durante este tiempo, sin asomar ni un poquito de “humo gris”, para tener una esperanza; esto es, una clara violación al Principio Constitucional de Petición y Pronta Respuesta, consagrada en la Constitución Política de la República de Costa Rica, en los artículos 27 y 41, y artículo 261, inciso 1, de la Ley General de la Administración Pública, el cual estipula dos meses para resolver las solicitudes.

La vía legal mencionada, la presenté con los abogados de la “Asociación de Pensionados de Hacienda y del Poder Legislativo (ASPHAL), propiamente con el Licenciado Aarón  Jacob Ugalde Maxwell,  por ser yo afiliado activo de esta asociación y jubilado del Tribunal Supremo de Elecciones y Registro Civil, donde laboré por más de 31 años.

Hoy, gracias a la pronta intervención del Licenciado  Ugalde Maxwell y a ASPHAL, que desde el primer momento de mi afiliación, me indicaron la disposición de  sus servicios profesionales para llevar el asunto indicado; estoy recibiendo, un año después, la resolución Número 191-2013 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del 26 de febrero 2013, donde se ordena el pago de lo adeudado por el Estado. Únicamente, con el Contencioso Administrativo, he logrado respuesta y justicia.

El Contencioso Administrativo, obtuvo los resultados justos, ante un reclamo extremadamente justo; ante una larga espera que bien pudo alcanzar  la llegada de mi plena  vejez u otra etapa más allá.

Este triunfo, es un empuje que  debe recaer en decenas de compañeros jubilados de nuestra Institución, quienes llevan sus reclamos, guiados por otros profesionales independientes u organizaciones de jubilados.

Lo que no entiendo, sigue siendo el por qué,  si son dineros legítimamente  obtenidos con nuestro trabajo honesto, el Estado Costarricense deja pasar años y años, hasta décadas, sin respuesta, hasta obligar al ciudadano a recurrir a otras instancias, donde el Estado se ve obligado a pagar lo que debe; incluso, a pagar intereses, multas, daño moral subjetivo, costas personales y otros conceptos que se convierten en dinero extra que debe desembolsar, pudiendo evitar. Y evitar  molestias en el ciudadano,  generalmente adultos mayores, dependientes  de su única «entradita económica», representada en su pensión.

Agradezco a ASPHAL, a sus profesionales en Derecho, a su organización, su efectividad e interés por defender los derechos de sus asociados.

Insto a mis compañeros jubilados, seguir en la lucha por conquistar lo que nos pertenece, porque no son regalías, es nuestro salario dignamente logrado con trabajo limpio y transparente. Si no pellizcamos al Estado, nuestros derechos serán ignorados, sin parar el sueño profundo.

Agradezco al Diario Extra quien tomó mi queja hace un año y la hizo llegar a los ciudadanos y autoridades en los espacios de opinión, contribuyendo con este logro.